Minando lo público

Que a estas alturas podamos sorprendernos aun de las decisiones que adoptan nuestros gobernantes es un claro síntoma del empeño que estos ponen en cumplir con determinados principios inexorables, como ese que determina que “cuando algo va mal, seguro que puede ir a peor”. La afirmación viene dada por la Resolución de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de 7 de noviembre del presente, en la que se establecen instrucciones para la instauración de programas que contemplen medidas de apoyo individualizado dirigidas al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que pueda concurrir en riesgo de exclusión social, fracaso o abandono escolar.

La normativa establece una dotación de 200.000 euros a repartir entre una selección de 40 centros educativos del mencionado nivel, 5.000 euros por centro, con la posibilidad de poder ser mayor la cantidad si concurren menos de los 40 establecidos.

Hasta aquí, y con lo que está cayendo, podríamos convenir que se trata de una decisión no solo acertada, sino incluso loable y plausible. Pero, miren ustedes por donde, va a ser que no.

Les explico. Desde 2007, a iniciativa del Ministerio de Educación dirigido en ese momento por el ministro Gabilondo (de lo mejorcito que ha dado el gremio ministerial) y hasta el pasado curso escolar, venía funcionado el Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo); un programa destinado al alumnado en riesgo de exclusión social y en clara situación de desventaja educativa. Dicho programa dirigido tanto a Primaria como a Secundaria contaba con una financiación compartida al 50% entre Ministerio y Comunidades Autónomas. El primer rejonazo vino de la mano del ministro peor valorado en la historia de la democracia española, el señor Wert, quien decidió por mor de la crisis suspender la aportación económica correspondiente a su ministerio. El segundo rejonazo lo asestó nuestro flamante consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, decidiendo suspender definitivamente para el presente curso escolar dicho Plan.

Pero, he aquí que pasados dos meses desde el inicio de curso, la Consejería nos sorprende con lo que podría ser un enmendar el error (a esto habría que decir que el Plan ha funcionado muy bien estos años). Lamentablemente no es así.

La mencionada resolución resulta ser un nuevo atentado contra el servicio público educativo en el cumplimiento de ese objetivo que se ha marcado el Gobierno Popular de desmantelar lo público. La Consejería establece que los centros seleccionados dispondrán del dinero presupuestado para “contratar el servicio de empresas e instituciones” que desarrollen el programa. Es decir, hay dinero; pero para la empresa privada. Y lo que hasta ahora hacían los docentes de los centros, funcionarios públicos que han obtenido su plaza según los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ahora lo van a hacer empresas privadas que, además, tendrán acceso y derecho a participar de la organización pedagógica y a cualquier otra cuestión relativa a la programación de dichas actividades en los centros públicos de enseñanza secundaria de nuestra Región, quedan excluidos los centros de Primaria.

Si además recordamos que durante el presente curso son cientos los docentes interinos que se han vistos arrojados al paro por la política de recortes de la Consejería de Educación, la burla es ya descarnada.

Como han recordado algunos sindicatos de enseñanza, resulta escandaloso el que se derive hacia la empresa privada, cuyo único objetivo es el lucro (llamémosle beneficio empresarial si se quiere) una tarea que hasta ahora venían desempeñando cualificados profesionales de la enseñanza pública.

¿Hasta dónde va a llegar el irrefrenable ímpetu privatizador de nuestros gobernantes? ¿Qué será lo próximo, ofrecer a las academias de idiomas la enseñanza de los mismos en nuestros centros públicos, o a los gimnasios y centros deportivos el impartir la Educación Física? ¿Contratará la Consejería a expertos en dirección comercial y gestión empresarial para dirigir los centros de enseñanza?

Y mientras, nuestro consejero ganándose el jubileo loando la excelencia de lo “privado” en el acto de inauguración de curso de la Universidad Católica San Antonio, UCAM. Amén.