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¿Para quién gobiernan? 31 marzo 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Opinión.
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En realidad es una pregunta retórica. Antes incluso de que este artículo esté terminado, el presidente francés François Hollande habrá nombrado como Jefe de Gobierno al actual ministro del Interior, Manuel Valls (Barcelona, 1962).

La debacle del Partido Socialista Francés tras la culminación del proceso de elecciones locales, de la que sólo se salva París, cuya futura alcaldesa, Anne Hidalgo, comparte orígenes ibéricos con Valls, ha precipitado la crisis de un gobierno que casi a mitad de la legislatura manifiesta claros síntomas de desorientación e incapacidad para dar respuesta a los graves problemas que tiene planteados la población francesa, derivados, cómo no, de la crisis económica y de las recetas austericidas de la “Troika”.

Si la derrota humillante de lo que representa el “socialismo” de Hollande es importante, no lo es menos la abstención registrada, un 37,3%, una cifra desconocida desde hacía decenios en unos comicios franceses. Humillante, además, porque la ganadora ha sido una derecha dividida y acosada por los escándalos: presunto desvío de fondos del presidente del partido, Jean-François Copé; grabaciones piratas del asesor áulico Patrick Buisson a Nicolas Sarkozy, y escuchas judiciales al ex jefe del Estado, implicado en seis casos de corrupción.

El Partido Socialista ha perdido ciudades tan emblemáticas como Limoges, en manos de la izquierda desde 1912, o Toulouse.

El ascenso de la extrema derecha de la mano de la hija del exparacaidista fascista Le Pen, Anne Marie, da una idea de lo podrido de la situación. Le Pen simboliza la antítesis de la República y ha jugado con los sentimientos más irracionales del pueblo: el miedo al extranjero que “quita el puesto de trabajo al nacional”, la precariedad laboral, la inseguridad ciudadana, patrimonio también del “otro”, del que viene de fuera. Un “nuevo populismo” que algunos, ella misma, quieren vincular a un “peronismo a la francesa”: la superación de derecha e izquierda, el euroexcepticismo basado en la identificación de Europa como cuna de todos los males de la sociedad gala, algo a lo que las instituciones europeas parecen empeñadas en certificar.

El discurso de Le Pen ha calado hondo en las masas lumpemproletarizas pero también en una clase trabajadora desorientada y asqueada de imcumplidas promesas y de ver como el presidente que llegó al poder con un discurso ilusionante se ha rendido al capital, las grandes patronales y la Troika.

Y ante esto, ¿Cuál va a ser la solución? Colocar en el Palacio de Matignon al representante del ala derecha del socialismo francés. Manuel Valls se define a sí mismo como “blairista”, partidario de la ‘reconciliación de la izquierda con el pensamiento liberal’. Obsesionado con la seguridad ciudadana y partidario del endurecimiento de las políticas contra la inmigración o el derecho de asilo. Es un defensor a ultranza de la elevación de los años de cotización para alcanzar la jubilación, defiende 41 años, y de los regímenes especiales frente al ‘régimen general’ en la seguridad social. Además se ha mostrado como un furibundo enemigo de todo lo que huela a protesta de carácter ecologistas: Es conocida su oposición a las protestas anti-trasgénicos y antinucleares.

Para rematar la guinda biográfica, fue un fidelísimo seguidor de Dominique Strauss-Kahn.

Este es el hombre en quien Hollande va a depositar la jefatura del Gobierno francés tras asegurar “que ha entendido” el mensaje de la ciudadanía. A mi, personalmente, me recuerda aquello que dijo otro ilustre “socialista” español, Felipe González, cuando tras la apuradísima victoria de las elecciones del 94 dijo aquello de “He entendido el mensaje”. Todos sabemos cómo acabó la historia.

Parece que cuando la izquierda socialdemócrata en el poder empieza a recibir descalabros, derivados de su torpeza política, entiende que lo que tiene que hacer es gobernar como la derecha e ir más allá aún, no corregir el rumbo e imponer políticas de recuperación y potenciación de los servicios públicos, incentivar el consumo por medio de políticas salariales racionales, gravar a las grandes fortunas mediante una política impositiva progresiva, garantizar los derechos humanos, oponerse a las políticas marcadas por el gran capital y sus secuaces… No. Han entendido el mensaje.

Por eso decía al principio que el título de este artículo era una pregunta retórica. Yo sé la respuesta. Vosotros y vosotras seguro que también.

LOMCE, curriculum y el negocio de los libros de texto 23 marzo 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos, Opinión.
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El debate no es nuevo. Aparece todos los años con motivo del inicio del curso escolar: El precio de los libros de texto. La compra de los textos escolares significa un desembolso muy importante para las familias, más aún ahora a consecuencia del empobrecimiento de amplias capas de la población, la reducción de salarios y la eliminación de las ayudas para la compra de los mismos.

A pesar de continuar vigente, de momento, la norma de permanencia de los manuales escolares al menos durante un periodo de cuatro años (hay comunidades como Extremadura y Navarra en las que este plazo es de 6 y 5 años respectivamente), este próximo curso escolar la LOMCE se aplicará en Primero, Tercero y Quinto de Primaria y conllevará que el nuevo “curriculum” se plasme en nuevos manuales.

El pasado 1 de marzo, sábado, se publicó en el BOE el “Curriculum oficial de Primaria”, en el que además de la introducción de nuevas materias, Conocimiento del Medio se divide en Ciencias Sociales y Ciencias naturales, el ministerio de Wert certifica la felonía de convertir la Religión no sólo en materia evaluable, equiparándola a las Matemáticas, Lengua, etc. sino que además aparece en las materias de oferta opcional prevaleciendo sobre otras como la segunda lengua extranjera, la Música o la Plástica, materia ésta que desaparece de los cursos cuarto, quinto y sexto.

Así las cosas, queda claro que un considerable número de familias murcianas, recordemos que nuestra Comunidad sobrepasa el 30% de paro, deberá hacer un no menos considerable esfuerzo para adquirir los nuevos manuales, pues ya no servirán los existentes o, sencillamente, no podrán adquirirlos.

El negocio que hay montado en torno al material escolar, y al libro de texto en particular, no es nada despreciable; así como el control ideológico que sobre el mismo se ejerce desde diferentes ámbitos.

Pero es sin duda la Iglesia Católica la que se lleva la palma en tan lucrativa empresa, cómo no, su reino no es de este mundo; pero sus finanzas, sí. No satisfecha con los casi cinco mil millones de asignación directa del Estado ha tejido una maraña de empresas y grupos que están omnipresentes en el negocio editorial de los libros de texto.

Sin extendernos en demasía, sólo citar los grupos editoriales sobre los que la jerarquía católica tiene total control o gran parte del mismo.

El Grupo SM, fundada por religiosos marianistas. En la actualidad opera en 9 países. El acrónimo SM significa «Santa María». Entre otros incluye colecciones omnipresentes en las aulas como “El Barco de vapor” y “Gran Angular”. El  Grupo Edebé, fundada por la Congregación Salesiana. Hace negocio en todo el mundo con editoriales propias en Argentina, Chile y México. En el País Vasco tiene el sello Giltza, en Galicia Rodeira, en la Comunidad Valencia Marjal y en Andalucía Guadiel. La Editorial Edelvives, el Grupo Editorial Luis Vives pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas y mediante su editorial intentan fomentar lo que ellos denominan «humanismo cristiano»; es una de las decanas en el negocio del libro escolar. La Editorial Bruño, fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle. Como buenos empresarios, y para ampliar su patrimonio, en 2001 los Hermanos de La Salle llegaron a un acuerdo de venta con el grupo francés Hachette Livre, del que también forma parte el grupo editorial español Salvat. De hecho, existe una línea denominada «Publicaciones Generales Bruño-Salvat» que cuenta con un catálogo especializado en publicaciones infantiles y juveniles, con personajes como Kika Superbruja, Astérix, Titeuf… En 2004 se hizo con el importante Grupo Anaya donde se incluyen marcas como Algaida, Vox, Cátedra, Pirámide o Alianza.

Hay que resaltar que la Iglesia católica impone los libros de texto de sus editoriales en los más de 2.600 centros educativos que gestiona directamente, lo que redondea el negocio y el adoctrinamiento que practica, sin tener en cuenta la incidencia de estas editoriales en los centros de titularidad pública que en alguna medida optan por estos manuales.

Dicho esto cabría preguntarse hasta qué punto es necesario el uso del libro de texto en el aula y, en cualquier caso, qué alternativas se pueden plantear para que el alumnado disponga de un soporte sobre el que trabajar el desarrollo de los materiales curriculares impuestos por ley, que no tiene por qué ser necesariamente los más idóneos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

El catedrático Manuel de Puelles, en un magnífico artículo titulado “La política del libro escolar en la Historia Contemporánea de España”, afirma queLos manuales escolares son un producto complejo(…) ligado al mundo editorial y un medio de transmisión de valores, ya que los libros de texto no sólo transmiten conocimientos sino que, de una manera manifiesta u oculta, están impregnados de valores, aspecto éste al que la política nunca se ha mostrado ajena o indiferente. Los manuales escolares son (…)un producto ideológico que ha sido objeto preferente de la política educativa de todos los países”.

Queda por lo tanto patente el interés de las editoriales, y quienes están detrás, por hacerse con cuantas más partes del pastel mejor.

Ahora bien, desde hace ya un tiempo se vienen desarrollando experiencias alternativas, que sin cuestionar los principios establecidos en el curriculum oficial en cuanto al diseño de los objetivos  a cubrir, apuestan por una liberalización del “texto” tal y como hasta ahora se ha venido concibiendo. A esto ha contribuido en gran medida la eclosión de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el desarrollo de llamada Escuela 2.0, donde se impone un modelo radicalmente distinto en cuanto a la utilización de herramientas, estrategias y procedimientos educativos en el aula. Se libera así al proceso educativo del estrecho y asfixiante corsé que supone el “texto” como elemento referente y unidireccional. Desgraciadamente, nuestra Comunidad ha ido perdiendo trenes en este recorrido (En estas páginas he hecho referencia en alguna ocasión a esta cuestión).

En este sentido, en nuestro país empiezan a aparecer iniciativas, que ya existen en países de nuestro entorno, como Liberdocs, Digital-Text o Textos Marea Verde,  libros gratuitos, sujetos al curriculum, si se quiere; pero, con una capacidad de adaptación a las necesidades del alumnado y del profesorado que no tienen los libros de texto al uso, personalizables, abiertos a la comunidad, multiformato y compatibles con cualquier sistema operativo. Libros que parten del concepto de trabajo colaborativo y del intercambio de conocimiento y de experiencias.

Por el precio que se paga por un conjunto completo de libros de Primaria se puede comprar una Tablet con sistema operativo no propietario que puede durar toda la etapa de escolaridad obligatoria del alumno/a, desde Primaria a la ESO, y que permitiría liberar a nuestros escolares de dos pesos: el físico, de los kilos que deben soportar en sus mochilas y el del “conocimiento unidireccional y dirigido” de los manuales al uso.

¿Qué pasará?

 

La idiotez no tiene límite 1 febrero 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Opinión.
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Uno pensaba, cuando oyó por primera vez a la ministra de Empleo reconocer los méritos de la Virgen del Rocío y encomendarse a ella para sacarnos de la crisis, que semejante memez no dejaba de ser una anécdota protagonizada por una señora que no había trabajado en su vida y que por lo tanto la ociosidad le había provocado serios trastornos neuronales.

Más tarde, y ante la exponencial proliferación de manifestaciones gubernamentales en todos los ámbitos trufadas de “encomendaciones divinas” y tontunas varias, comencé a preocuparme.

Recuerdo con risa contenida el espectáculo ofrecido por ese dúo de cachondos que forman el ministro de Industria y su colega de Exteriores cuando muy dignos ellos casi estuvieron a punto de enviar varias fragatas aprovechando el “fuerte viento de Levante” para apretarle las tuercas a la presidenta argentina con motivo de la expropiación de Repsol YPF. En aquellas circuspectas intervenciones televisivas no podía por menos que acordarme de los monólogos del genial Gila: – Oíga, ¿Es el enemigo?  O de Tip y Coll y su humor absurdo y ácido; aunque no quisiera ofender su memoria con esta comparación.

Geniales, como no, las intervenciones de ese duendecillo temblecoso de voz aflautada y chillona y que ejerce de Ministro de Hacienda cuando dice cosas como:

–      “Señorías, los sueldos no solo no han bajado sino que están subiendo… sí, sí.”

Y qué me dicen del ministro de Educación, un crack, o un toro. No recortan becas, ni despiden profesores, ni benefician al clero trabucaire, ni … No, ajustan y reajustan efectivos.

No voy a traer a colación lo del “finiquito diferido” porque me da la risa y ya no puedo seguir.

Se han hecho unos expertos en el uso del eufemismo, llegando a crear una especie de “neolengua” gubernamental que está incluso empezando a calar peligrosamente en el tejido social, si es que aún se puede hablar de eso.

Pero las alarmas han empezado a sonar más fuerte cada vez.

Que la cosa está ya muy mal. Y si no, qué me dicen sobre que todo un ministro del Interior, por muy “meapilas” que sea, afirme sin ningún rubor que está absolutamente convencido del papel de “intercesión por España” que en estos tiempos de crisis está desempeñando Santa Teresa de Jesús “allá arriba, donde (la santa) manda mucho”. Claro, que en esto ni entro sobre el qué narices hace un ministro del Interior apadrinando un proyecto, “Huellas de Santa Teresa”, que recorre y recoge el legado de la santa abulense por 17 ciudades españolas, presentado recientemente en FITUR, ¡Toma “Marca España”!

Claro que no hay farsa sin tragedia, ¿o es al revés? La tragedia en este cúmulo de despropósitos la ha puesto otro meapilas con “pedigrí”: El sr. ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y su carpetovetónica reforma de la Ley del Aborto. No voy a detenerme en lo qué significa de retroceso en derechos democráticos, ni lo qué va a suponer para las mujeres españolas a quienes dicha reforma va a conducir directamente a los años 60, ni en la miserable cesión que el Partido Popular ha hecho a los sectores de la extrema derecha y de la Conferencia Episcopal, no. Lo que ya colma el vaso de la estupidez son las declaraciones del Ministerio de Justicia, recogidas en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del polémico y nefasto anteproyecto de ley en las que se afirma que la reforma tendrá un «impacto neto positivo» en la economía porque derivará en un incremento de la natalidad. Si esto se escucha o se lee sin conocer la fuente, estoy totalmente seguro que se atribuiría a uno de esos monólogos tipo “Club de la Comedia”; pero de feria de pueblo de esos que terminan tirando a una cabra desde el campanario.

La referida Memoria no solo utiliza datos descontextualizados para darse a sí misma la razón sino que además miente descaradamente, no la Memoria sino quienes la han redactado, claro, cuando basa la justificación de la reforma en la “no disminución de abortos” con la actual ley, cuando en realidad y según datos recogidos por el Ministerio de Sanidad en su informe hecho público en diciembre pasado, pero que ya estaban disponibles desde mucho antes, se había producido una disminución del 5% de abortos desde 2010 con la ley que ahora se quiere derogar.

No contentos con semejante y esperpéntico disparate, la Memoria ahonda en la inmundicia ideológica de sus muñidores cuando afirma que tiene un impacto positivo en las personas con algún tipo de discapacidad porque al suprimir el supuesto que actualmente permite interrumpir el embarazo en casos de anomalía fetal grave «elimina el llamado ‘aborto eugenésico». El documento, elaborado por el Ministerio de Justicia y que ha sido enviado a algunos organismos junto con el anteproyecto de ley para su análisis, argumenta que con ello se «refuerza» la implementación de la Convención de Protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Hay que ver que preocupados están estos tipos con los derechos de los “no nacidos”, cuando por otro lado les quitan esos derechos a los ya nacidos y crecidos. Y cuanta preocupación por los discapacitados, al tiempo que eliminan las ayudas a la Dependencia.

Claro que podríamos convenir en que todo es una hábil estratagema para tener más personal al que seguir “jodiendo”, algo que a la derecha española se le ha dado siempre bastante bien y que forma parte de su “ADN”, llamémosle «Marca España».

En fin, como decían los clásicos: “Stultorum infinitus est numerus”, el número de tontos es infinito; pero es que además tienen mucha mala leche.

Minando lo público 6 enero 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos, Opinión.
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Que a estas alturas podamos sorprendernos aun de las decisiones que adoptan nuestros gobernantes es un claro síntoma del empeño que estos ponen en cumplir con determinados principios inexorables, como ese que determina que “cuando algo va mal, seguro que puede ir a peor”. La afirmación viene dada por la Resolución de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de 7 de noviembre del presente, en la que se establecen instrucciones para la instauración de programas que contemplen medidas de apoyo individualizado dirigidas al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que pueda concurrir en riesgo de exclusión social, fracaso o abandono escolar.

La normativa establece una dotación de 200.000 euros a repartir entre una selección de 40 centros educativos del mencionado nivel, 5.000 euros por centro, con la posibilidad de poder ser mayor la cantidad si concurren menos de los 40 establecidos.

Hasta aquí, y con lo que está cayendo, podríamos convenir que se trata de una decisión no solo acertada, sino incluso loable y plausible. Pero, miren ustedes por donde, va a ser que no.

Les explico. Desde 2007, a iniciativa del Ministerio de Educación dirigido en ese momento por el ministro Gabilondo (de lo mejorcito que ha dado el gremio ministerial) y hasta el pasado curso escolar, venía funcionado el Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo); un programa destinado al alumnado en riesgo de exclusión social y en clara situación de desventaja educativa. Dicho programa dirigido tanto a Primaria como a Secundaria contaba con una financiación compartida al 50% entre Ministerio y Comunidades Autónomas. El primer rejonazo vino de la mano del ministro peor valorado en la historia de la democracia española, el señor Wert, quien decidió por mor de la crisis suspender la aportación económica correspondiente a su ministerio. El segundo rejonazo lo asestó nuestro flamante consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, decidiendo suspender definitivamente para el presente curso escolar dicho Plan.

Pero, he aquí que pasados dos meses desde el inicio de curso, la Consejería nos sorprende con lo que podría ser un enmendar el error (a esto habría que decir que el Plan ha funcionado muy bien estos años). Lamentablemente no es así.

La mencionada resolución resulta ser un nuevo atentado contra el servicio público educativo en el cumplimiento de ese objetivo que se ha marcado el Gobierno Popular de desmantelar lo público. La Consejería establece que los centros seleccionados dispondrán del dinero presupuestado para “contratar el servicio de empresas e instituciones” que desarrollen el programa. Es decir, hay dinero; pero para la empresa privada. Y lo que hasta ahora hacían los docentes de los centros, funcionarios públicos que han obtenido su plaza según los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ahora lo van a hacer empresas privadas que, además, tendrán acceso y derecho a participar de la organización pedagógica y a cualquier otra cuestión relativa a la programación de dichas actividades en los centros públicos de enseñanza secundaria de nuestra Región, quedan excluidos los centros de Primaria.

Si además recordamos que durante el presente curso son cientos los docentes interinos que se han vistos arrojados al paro por la política de recortes de la Consejería de Educación, la burla es ya descarnada.

Como han recordado algunos sindicatos de enseñanza, resulta escandaloso el que se derive hacia la empresa privada, cuyo único objetivo es el lucro (llamémosle beneficio empresarial si se quiere) una tarea que hasta ahora venían desempeñando cualificados profesionales de la enseñanza pública.

¿Hasta dónde va a llegar el irrefrenable ímpetu privatizador de nuestros gobernantes? ¿Qué será lo próximo, ofrecer a las academias de idiomas la enseñanza de los mismos en nuestros centros públicos, o a los gimnasios y centros deportivos el impartir la Educación Física? ¿Contratará la Consejería a expertos en dirección comercial y gestión empresarial para dirigir los centros de enseñanza?

Y mientras, nuestro consejero ganándose el jubileo loando la excelencia de lo “privado” en el acto de inauguración de curso de la Universidad Católica San Antonio, UCAM. Amén.

 

 

Tics autoritarios 6 enero 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos, Opinión.
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Hace un par de semanas, la Delegación de Gobierno de Murcia, a cuyo frente se encuentra  Joaquín Bascuñana, tomó una determinación inédita hasta ese momento: Prohibir los itinerarios que habían solicitado los convocantes de la Marcha de Mareas prevista para el 23 de noviembre, reduciendo a dos los ocho convocados. Nunca había ocurrido algo semejante. La justificación dada, alegando el posible caos circulatorio y anunciando de manera alarmante el presunto riesgo que para la seguridad ciudadana podía acarrear tal panoplia de protestas, no puede por más que haber causado risión en la mayoría de los murcianos y murcianas que llevan aguantando año tras año estoicamente el que la ciudad quede colapsada todas las Semanas Santas y Fiestas de Primavera, romerías varias y sucedáneos festeros. Creo recordar que durante esos acontecimientos no se han producido situaciones que hayan acarreado más peligro a la seguridad ciudadana que las propias originadas por cuadrillas de borrachos descerebrados meando alegremente donde bien pueden, vestidos con atuendos más propios del circo que de otra cosa. Tampoco me suena que la Delegación de Gobierno haya prohibido nunca ningún desfile pasional, ni caravana sardinera por más que interrumpan el cotidiano deambular de la ciudadanía, impidiendo el acceso a garajes, calles y demás. Y eso que si hacemos caso a las cifras que nos aportan sobre concurrencia, convenimos en que en esas fechas, la Región prácticamente se vacía para acudir en tropel a la capital de la Comunidad para asistir a eventos como el “Bando de la Huerta” o “El Entierro de la Sardina”, no digamos ya de las decenas de miles de romeros que acompañan a la patrona desde diferentes puntos de la ciudad y sus pedanías cada vez que sube y baja de su santuario.

Los convocantes de la Marcha de Mareas, incluidos los sindicatos CCOO, UGT y USO, recurrieron la decisión gubernamental ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia quien en un breve plazo, como se establece por ley, dictó a favor de los recurrentes, obligando al sr. Bascuñana a envainarse su arbitraria decisión y condenando a la Delegación del Gobierno, es decir a toda la ciudadanía, al pago de las costas derivadas del acto judicial provocado por la imprudente y temeraria decisión del sr. Bascuñana.

El secretario general de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, definió la actuación del Delegado de Gobierno como “tic autoritario”, una referencia moderada para lo que verdaderamente encierra ese comportamiento.

Durante estas últimas semanas, asistimos también a la elaboración de un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana que el Gobierno, por medio de su ministro del Interior, Fernández Díaz, va a presentar al Parlamento para su debate y posterior y más que segura aprobación. Un proyecto de ley que vendría a sustituir a la actual, la en su día llamada “Ley Corcuera”, o “Ley de la patada en la puerta” como fue popularmente bautizada. Esta de ahora ya tiene su apelativo popular: “Ley Mordaza”. Fundamentalmente, la ley pergeñada por el ultracatólico y ultracolérico ministro del Interior trata de amedrentar a la ciudadanía mediante la aplicación de multas desorbitadas que castigarían determinados actos, sobre todo relacionados con protestas, manifestaciones y demás. Cualquiera diría que este país vive en un caos ingobernable cercano a la insurrección y que por lo tanto se hace necesario adoptar medidas más propias de un estado de excepción o de un régimen dictatorial que de un proyecto que intente velar por los derechos ciudadanos.

Lo cierto y verdad es que tal y como están las cosas, con cerca de seis millones de personas en paro, miles de familias amenazadas con ser expulsadas de sus casas, unos servicios públicos en fase de desmantelamiento y una clase política manchada por la corrupción más abyecta, empezando por el propio partido que nos gobierna, la templanza y la exquisita paciencia y respeto que están mostrando los ciudadanos y ciudadanas de este país es más que ejemplar.

¿A qué viene por tanto afán por legislar en clave represiva y sobre todo recaudatoria?

¿A qué viene el intentar disuadir a la ciudadanía prohibiendo recorridos y marchas de protesta?

Parece que el Gobierno del Partido Popular considera que el daño que están provocando sus medidas legislativas debe ser acompañado de medidas que corten de manera tajante cualquier manifestación contra las mismas.

A nuestra derecha nunca le ha gustado la protesta, a no ser que la misma esté protagonizada por los obispos o por los movimientos “pro vida” o por determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo con las que se sienten identificados. Nuestra derecha preferiría vivir en la “placidez”, como en su día declaraba Mayor Oreja, de determinados regímenes totalitarios, como el franquista al que se han negado a condenar.

Decía Winston Churchill, un peligroso bolchevique, como sabe todo el mundo, que la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en una democracia cuando llaman a tu puerta a las seis de la mañana solo puede ser el lechero y no la policía. Pero democracia también es poder expresarse y manifestarse libremente y, sobre todo, saber que el respeto a las instituciones del estado no se consigue mediante el recurso al miedo y a la represión; y que ser patriota es algo más que llevar una banderita roja y gualda pegada en el alerón del “Mercedes” o unos tirantes o una prenda de vestir con tales colores.

En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una sentencia ejemplar resolvió que la quema de la bandera de las “barras y estrellas” (que fue la bandera de la “Revolución americana”) no era anticostitucional, una resolución que fue polémica; pero, que pone en valor la esencia misma de la democracia y de la libertad. ¿Qué nos tendrá deparado la nueva normativa de Interior cuando entre vigor ante un caso similar en nuestro país?

Errarían nuestros dirigentes, algo por lo demás normal, si pensasen que con políticas intimidatorias y represivas van a ahogar las protestas de la ciudadanía ante sus políticas de destrucción del estado social y de derecho. ¿Nos obligará el sr. Fernández Díaz a lucir sobre nuestras ropas algún distintivo, como hicieron otros tiempo ha, que nos identifique según nuestra ideología o adscripción política?

Todo indica que más que de tics nuestros gobernantes son presa de todo un conjunto de estereotipias autoritarias. Se lo deberían de hacer ver.

El registrador golpista (o El 18 Brumario de Mariano Rajoy) 31 agosto 2012

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos.
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Que la derecha española tiene una querencia casi enfermiza hacia el totalitarismo es algo, además de demostrado científicamente, que no debería de sorprendernos. Ejemplos hay de sobra en nuestra historia. Huérfana de su correspondiente e históricamente necesaria “revolución burguesa”, que debiera de haberle servido al menos de purga ideológica, nuestra derecha, carpetovetónica, montaraz y trabucaire, siempre ha terminado meciendo la cuna del golpismo (con el inestimable, todo hay que decirlo, apoyo de la no menos montaraz derecha nacida del sietemesino nacionalismo de la periferia ibérica).

Por no remontarnos mucho en el tiempo, el Bienio Negro republicano, 1934-36, aupa al protagonismo político a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y al “Jefe Nacional”, el prócer fascista hispano Gil Robles, que dio su apoyo total e inquebrantable al golpe militar de Franco; no sin antes haber contribuido, la derecha, a la destrucción sistemática de todos y cada uno de los logros de los primeros gobiernos republicanos hasta el año 34 y contribuir de manera decisiva a crear el clima de tensión y crispación social que desembocó en el golpe fascista de 1936 y la posterior Guerra Civil.

En 1851, Karl Marx escribió su determinante análisis sobre el desarrollo de la lucha de clases en la Francia de mitad del XIX: “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” *. Al inicio del Capítulo I, Marx se refiere a la afirmación de Hegel sobre el que determinados hechos y personajes de la Historia es como si se repitiesen dos veces, pero añade que lo que en “origen se muestra como tragedia luego se repite como farsa”. Marx se pregunta cómo un personaje de “mente atocinada, grotesco y mediocre” podía haber llegado a asumir el papel de héroe. Él mismo da la clave, situando el conflicto de clase en el centro del análisis.

Pues bien, como afirmaba el gran pensador de Tréveris, nuestra historia esta repleta de repeticiones en tono de farsa, pero no por ello desprovistas de componente trágico y de crueldad infinita. Una de las últimas es la protagonizada por otro personaje “de mente atocinada, grotesco y mediocre”, registrador de la propiedad (esa élite de funcionarios públicos, de sueldos astronómicos, a los que curiosamente nadie señala con el dedo, ni se sabe si toman o no cafelito o leen el periódico, normalmente porque nadie les ve, ni siquiera en su Registro).

Nuestro preclaro registrador, flamante vencedor de unas elecciones democráticas, ha devenido en pocos meses en el “Director” de un claro y riguroso “Golpe de Estado” contra todo lo que huela a derecho social, laboral o ciudadano (Bien es cierto que, hoy en día, nuestros golpistas ya no visten uniforme de matarife con el pecho engalanado de hojalata y se inclinan más por el terno de Armani, las Rayban, y la tablet desde donde deciden el sufrimiento de millones de personas a golpe de especulación financiera según dicte el Mercado y su oráculo, la famosa troika del FMI, UE y BCE.

Llegó el registrador al Gobierno tras ocho años de haber sembrado el país con la semilla de la crispación, la mentira, la insidia y presentándose como la única esperanza frente a la crisis; por cierto, generada por los de su “clase”, banqueros, financieros y especuladores, por sus amos. Y llegó amparando, además, bajo el paraguas de su partido y con la torticera justificación de que los resultados de las urnas todo lo limpian, al mayor número de imputados, corruptos, chorizos, golfos y sinvergüenzas que haya conocido la Historia de España.

Tras el 20 de noviembre de 2011, la “venganza de clase” estaba servida. Ni el registrador, también experto en detectar “hilos de plastilina”, ni sus acólitos han podido superar nunca la ignominia que supuso salir del gobierno como lo hicieron tras la derrota del 2004. Había llegado el momento del ajuste de cuentas.

Todas y cada una de las medidas adoptadas por el gobierno del registrador constituyen un ataque sin precedentes no ya al tímido Estado del Bienestar que con mayor o menor éxito se ha intentado construir en este país desde hace 30 años, sino que son una destrucción planificada y largo tiempo rumiada contra el Estado Social y de Derecho. Derechos sociales, laborales, sindicales, ciudadanos están siendo laminados sistemáticamente. Derechos largamente perseguidos, duramente conquistados (Claro que el registrador y su cohorte de esto nada saben, no participaron de esas luchas ya que vivían “placidamente” la paz de Franco, como dijo en su momento Mayor Oreja). Ataques alabados por su “clase”: banqueros, grandes empresarios, defraudadores y bendecidos por el gran capital y el Dios Mercado.

Una inquina especial siente el registrador por el sector público. Sabe que es pilar fundamental del modelo social con el que pretende acabar. Su Estado no es social, es asistencial y debe ser gestionado por aquellos para los que trabaja con encono, que ya sabrán recompensarle tan grande esfuerzo. Y así mientras hachazo tras hachazo se ceba en los empleados públicos, ni una sola medida que afecte a los grandes capitales, a las grandes fortunas. Suprime derechos, elimina pagas y rebaja salarios, sube el IVA, pero perdona a los evasores de capitales, no toca ni un céntimo de las subvenciones de la Iglesia Católica y obliga pagar los medicamentos a los pensionistas. ¿Medidas necesarias? No, conflicto de clase.

El mantra “hacemos lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste” envilece si cabe más la acción de gobierno, o el “Diktat” al que nos vienen sometiendo. Sí les gusta lo que hacen; les delata el gesto, por más que lo imposten. Dice, dicen todos a coro, en una letanía perfectamente aprendida, que lo hacen por el bien del país, no es verdad: el capital no tiene patria. Dicen que legislan para toda la ciudadanía, no es verdad: Legislan para su “clase”.

El registrador es disciplinado, hace lo que le mandan; servil con el poderoso y prepotente y cruel con el débil. Al igual que Luis Bonaparte, Napoleón III, fue un pelele en las manos de Bismarck, nuestro registrador lo es en manos de otra “prusiana”, ese remedo de la Thatcher (otra vez la tragedia y la farsa) llamada Merkel y de su Bundesbank, y de ese delincuente al frente del BCE llamado Draghi.

Nuestro registrador ya tiene su “18 Brumario”, sólo nos queda esperar que, al igual que Luis Bonaparte, también tenga su particular “Batalla de Sedán”, tras la cual el emperador francés fue depuesto por las fuerzas de la Tercera República y murió en el exilio. ¿Quién sabe?

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* El 18 de brumario del año VIII hace referencia a una fecha del calendario republicano francés, coincidente con el 9 de noviembre de 1799 según el calendario gregoriano. En esa fecha, Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado que acabó con el Directorio, última forma de gobierno de la Revolución francesa, e inició el periodo conocido como Consulado. Durante mucho tiempo, se ha relacionado esta fecha (18 de brumario) con el concepto de golpe de Estado, y así es utilizada por Marx en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde hace un análisis riguroso de las circunstancias que hicieron posible el ascenso de este personaje hasta convertirse en emperador de Francia.

Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, tomó el cargo de presidente de la República francesa el 10 de diciembre de 1848. Aspirando ya abiertamente al Imperio, disolvió el Parlamento Legislativo y el Consejo de Estado mediante el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 y detuvo a numerosos diputados. Se declaró el estado de sitio en 32 provincias y los dirigentes de los Partidos Socialista y Republicano fueron expulsados del país. La Nueva Constitución, que se adoptó el 14 de enero de 1852, otorgó todo el poder al presidente, y el 2 de diciembre de 1852 Luis Bonaparte fue proclamado Napoleón III, emperador de Francia.

Miserables 7 marzo 2012

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos.
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No por esperado ha sido menos ofensivo, me refiero al desembarco de los “populares” en el Gobierno de España. Signos había, y experiencias de la misma cuerda algunos las llevamos sufriendo ya bastantes años, demasiados. Cuando en diciembre de 2010 el Gobierno del indolente y diletante Ramón Luis Valcárcel dio el visto bueno a una de las mayores agresiones perpetradas contra los derechos sociales, laborales y sindicales de los empleados públicos murcianos, la Ley de Medidas Extraordinarias conocida popularmente como “Tijeretazo”, algunos ya advertíamos de que la Región de Murcia se convertía en laboratorio del experimento neoliberal “pepero”. Que el paso del tiempo y los acontecimientos nos hayan dado la razón no tiene mucho mérito: se les veía venir. En mayo de 2011 fueron los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en noviembre, coincidiendo con el aniversario de la desaparición del dictador Franco, sus herederos ideológicos se hicieron con el poder político, esta vez por medios democráticos. La abrumadora mayoría parlamentaria del Gobierno empero no legitima para acabar con lo que tantos años costó construir desde el erial de la dictadura; tampoco la crisis provocada por los mismos que se referencian en el ideario conservador es coartada; la venganza de Friedman contra Keynes como gusta decir un amigo, venganza de clase, colijo yo.

Las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del hasta entonces sesteante Rajoy apuntaban y olían a venganza; y como siempre los empleados públicos en la diana, que para eso tertulianos de variado pelaje, medios de comunicación y demás carcunda llevaban bramando contra los privilegios de esa casta de vagos y creando el clima social propicio para que ese primer rejonazo contra la base misma del Estado del Bienestar tuviese la mínima contestación social. No estaría de más recordar que cuando se vilipendia, ataca y denigra al empleado público (docentes, personal sanitario, asistentes sociales, etc.) en realidad hacia donde se dispara es al corazón del Estado Social y de Derecho: los servicios públicos, ese trozo de tarta tan apetecible sobre el que revolotean los buitres de siempre. El siguiente rejón, el desmantelamiento de la estructura jurídica de las relaciones laborales de nuestro país, asentada tras decenios de lucha sindical, negociación colectiva  y diálogo social (eso que algunos torticeramente llaman “paz social”). Y para ello qué mejor que desprestigiar a quienes en estos momentos representan el último baluarte de resistencia frente al envite privatizador neoliberal: los sindicatos, en concreto el sindicalismo de clase representado por CCOO y UGT. Y de nuevo la caverna a bramar (con inestimables ayudas quinceemeistas).

Frente a tanto desatino, el proceso de movilizaciones emprendido a raíz de la aprobación de la “Ruptura Laboral” parece haber empezado a despertar a la adormecida sociedad española. El 19 y el 29 de febrero han sido hitos de participación  y respuesta ciudadana a la convocatoria de los dos sindicatos mayoritarios como hacía tiempo que no veíamos; también lo será el 11 de marzo, en el camino hacia la Huelga General que a todas luces se convocará para finales de mes.

Es en este proceso donde se ha producido el destape de las verdaderas esencias autoritarias de nuestros actuales gobernantes. Empezando por su líder, Don Mariano, intentando convocar él mismo la huelga general ante la agresión que ya rondaba por su descansada mente. Y seguido por el resto de la camada ministerial. De Guindos, el exLehman Brothers, rumiándole servilmente al comisario Rahn la agresividad con la que nos iba a dar otra vuelta de tuerca y garantizándole de paso el orgasmo ideológico. Las rotundidades declamatorias de Soraya y Cospedal (nunca hay que fiarse de quien no mueve los labios al hablar: Remember Aznar), las bravuconadas del otrora mediático Wert en el Congreso y por último, last but not least, el ministro (de la porra) Fernández Díaz, neoconverso a la espiritualidad OpusDeística, para quien Dios es el supremo legislador y conductor se sus acciones, entra las que me imagino que figurará la de mandar aporrear a peligrosos estudiantes  y adolescentes. Aunque puestos a repartir estopa, debería de tomar ejemplo del fundador de su secta en eso de arrojar a latigazos a los mercaderes del Templo y aplicarle la medicina a los que hoy campan por sus respetos y convierten nuestras vidas en acciones de bolsa.

Y estos por citar a los del candelero, porque entre los de bajo tono tampoco hay desperdicio aunque de momento se limitan a secundar las arremetidas de la guardia de corps, con Monseñor Gallardón a la cabeza.

Nunca aceptaron la derrota del 2004, abandonaron el gobierno mintiendo y mintiendo y crispando a la sociedad lo han vuelto a recuperar, con la inestimable ayuda de un partido socialista cada vez menos partido y menos socialista. No han dudado en salir a la calle con sus obispos, con sus “pro-vida”, con “sus víctimas” y ahora se escandalizan y rasgan las vestiduras porque el 11-M CCOO y UGT, pero también multitud de colectivos, asociaciones y organizaciones sociales, entre las que se incluyen la mayoritaria Asociación de Víctimas de los Atentados del 11 de marzo que lidera Pilar Majón, han decidido volver a salir a la calle ese día para reclamar la dignidad y los derechos que nos quieren usurpar con su Reforma Laboral. Ellos, que han hecho de la indignidad bandera, nos llaman indignos, y el que más, el neoconverso ministro Fernández.

Tenemos razón y nos sobran las razones frente a quienes nos quieren callados y atemorizados.  Abyectos y taimados personajes…MISERABLES.