Crónicas de Aldebarán

Tics autoritarios 6 enero 2014

Hace un par de semanas, la Delegación de Gobierno de Murcia, a cuyo frente se encuentra  Joaquín Bascuñana, tomó una determinación inédita hasta ese momento: Prohibir los itinerarios que habían solicitado los convocantes de la Marcha de Mareas prevista para el 23 de noviembre, reduciendo a dos los ocho convocados. Nunca había ocurrido algo semejante. La justificación dada, alegando el posible caos circulatorio y anunciando de manera alarmante el presunto riesgo que para la seguridad ciudadana podía acarrear tal panoplia de protestas, no puede por más que haber causado risión en la mayoría de los murcianos y murcianas que llevan aguantando año tras año estoicamente el que la ciudad quede colapsada todas las Semanas Santas y Fiestas de Primavera, romerías varias y sucedáneos festeros. Creo recordar que durante esos acontecimientos no se han producido situaciones que hayan acarreado más peligro a la seguridad ciudadana que las propias originadas por cuadrillas de borrachos descerebrados meando alegremente donde bien pueden, vestidos con atuendos más propios del circo que de otra cosa. Tampoco me suena que la Delegación de Gobierno haya prohibido nunca ningún desfile pasional, ni caravana sardinera por más que interrumpan el cotidiano deambular de la ciudadanía, impidiendo el acceso a garajes, calles y demás. Y eso que si hacemos caso a las cifras que nos aportan sobre concurrencia, convenimos en que en esas fechas, la Región prácticamente se vacía para acudir en tropel a la capital de la Comunidad para asistir a eventos como el “Bando de la Huerta” o “El Entierro de la Sardina”, no digamos ya de las decenas de miles de romeros que acompañan a la patrona desde diferentes puntos de la ciudad y sus pedanías cada vez que sube y baja de su santuario.

Los convocantes de la Marcha de Mareas, incluidos los sindicatos CCOO, UGT y USO, recurrieron la decisión gubernamental ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia quien en un breve plazo, como se establece por ley, dictó a favor de los recurrentes, obligando al sr. Bascuñana a envainarse su arbitraria decisión y condenando a la Delegación del Gobierno, es decir a toda la ciudadanía, al pago de las costas derivadas del acto judicial provocado por la imprudente y temeraria decisión del sr. Bascuñana.

El secretario general de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, definió la actuación del Delegado de Gobierno como “tic autoritario”, una referencia moderada para lo que verdaderamente encierra ese comportamiento.

Durante estas últimas semanas, asistimos también a la elaboración de un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana que el Gobierno, por medio de su ministro del Interior, Fernández Díaz, va a presentar al Parlamento para su debate y posterior y más que segura aprobación. Un proyecto de ley que vendría a sustituir a la actual, la en su día llamada “Ley Corcuera”, o “Ley de la patada en la puerta” como fue popularmente bautizada. Esta de ahora ya tiene su apelativo popular: “Ley Mordaza”. Fundamentalmente, la ley pergeñada por el ultracatólico y ultracolérico ministro del Interior trata de amedrentar a la ciudadanía mediante la aplicación de multas desorbitadas que castigarían determinados actos, sobre todo relacionados con protestas, manifestaciones y demás. Cualquiera diría que este país vive en un caos ingobernable cercano a la insurrección y que por lo tanto se hace necesario adoptar medidas más propias de un estado de excepción o de un régimen dictatorial que de un proyecto que intente velar por los derechos ciudadanos.

Lo cierto y verdad es que tal y como están las cosas, con cerca de seis millones de personas en paro, miles de familias amenazadas con ser expulsadas de sus casas, unos servicios públicos en fase de desmantelamiento y una clase política manchada por la corrupción más abyecta, empezando por el propio partido que nos gobierna, la templanza y la exquisita paciencia y respeto que están mostrando los ciudadanos y ciudadanas de este país es más que ejemplar.

¿A qué viene por tanto afán por legislar en clave represiva y sobre todo recaudatoria?

¿A qué viene el intentar disuadir a la ciudadanía prohibiendo recorridos y marchas de protesta?

Parece que el Gobierno del Partido Popular considera que el daño que están provocando sus medidas legislativas debe ser acompañado de medidas que corten de manera tajante cualquier manifestación contra las mismas.

A nuestra derecha nunca le ha gustado la protesta, a no ser que la misma esté protagonizada por los obispos o por los movimientos “pro vida” o por determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo con las que se sienten identificados. Nuestra derecha preferiría vivir en la “placidez”, como en su día declaraba Mayor Oreja, de determinados regímenes totalitarios, como el franquista al que se han negado a condenar.

Decía Winston Churchill, un peligroso bolchevique, como sabe todo el mundo, que la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en una democracia cuando llaman a tu puerta a las seis de la mañana solo puede ser el lechero y no la policía. Pero democracia también es poder expresarse y manifestarse libremente y, sobre todo, saber que el respeto a las instituciones del estado no se consigue mediante el recurso al miedo y a la represión; y que ser patriota es algo más que llevar una banderita roja y gualda pegada en el alerón del “Mercedes” o unos tirantes o una prenda de vestir con tales colores.

En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una sentencia ejemplar resolvió que la quema de la bandera de las “barras y estrellas” (que fue la bandera de la “Revolución americana”) no era anticostitucional, una resolución que fue polémica; pero, que pone en valor la esencia misma de la democracia y de la libertad. ¿Qué nos tendrá deparado la nueva normativa de Interior cuando entre vigor ante un caso similar en nuestro país?

Errarían nuestros dirigentes, algo por lo demás normal, si pensasen que con políticas intimidatorias y represivas van a ahogar las protestas de la ciudadanía ante sus políticas de destrucción del estado social y de derecho. ¿Nos obligará el sr. Fernández Díaz a lucir sobre nuestras ropas algún distintivo, como hicieron otros tiempo ha, que nos identifique según nuestra ideología o adscripción política?

Todo indica que más que de tics nuestros gobernantes son presa de todo un conjunto de estereotipias autoritarias. Se lo deberían de hacer ver.