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LOMCE, curriculum y el negocio de los libros de texto 23 marzo 2014

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos, Opinión.
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El debate no es nuevo. Aparece todos los años con motivo del inicio del curso escolar: El precio de los libros de texto. La compra de los textos escolares significa un desembolso muy importante para las familias, más aún ahora a consecuencia del empobrecimiento de amplias capas de la población, la reducción de salarios y la eliminación de las ayudas para la compra de los mismos.

A pesar de continuar vigente, de momento, la norma de permanencia de los manuales escolares al menos durante un periodo de cuatro años (hay comunidades como Extremadura y Navarra en las que este plazo es de 6 y 5 años respectivamente), este próximo curso escolar la LOMCE se aplicará en Primero, Tercero y Quinto de Primaria y conllevará que el nuevo “curriculum” se plasme en nuevos manuales.

El pasado 1 de marzo, sábado, se publicó en el BOE el “Curriculum oficial de Primaria”, en el que además de la introducción de nuevas materias, Conocimiento del Medio se divide en Ciencias Sociales y Ciencias naturales, el ministerio de Wert certifica la felonía de convertir la Religión no sólo en materia evaluable, equiparándola a las Matemáticas, Lengua, etc. sino que además aparece en las materias de oferta opcional prevaleciendo sobre otras como la segunda lengua extranjera, la Música o la Plástica, materia ésta que desaparece de los cursos cuarto, quinto y sexto.

Así las cosas, queda claro que un considerable número de familias murcianas, recordemos que nuestra Comunidad sobrepasa el 30% de paro, deberá hacer un no menos considerable esfuerzo para adquirir los nuevos manuales, pues ya no servirán los existentes o, sencillamente, no podrán adquirirlos.

El negocio que hay montado en torno al material escolar, y al libro de texto en particular, no es nada despreciable; así como el control ideológico que sobre el mismo se ejerce desde diferentes ámbitos.

Pero es sin duda la Iglesia Católica la que se lleva la palma en tan lucrativa empresa, cómo no, su reino no es de este mundo; pero sus finanzas, sí. No satisfecha con los casi cinco mil millones de asignación directa del Estado ha tejido una maraña de empresas y grupos que están omnipresentes en el negocio editorial de los libros de texto.

Sin extendernos en demasía, sólo citar los grupos editoriales sobre los que la jerarquía católica tiene total control o gran parte del mismo.

El Grupo SM, fundada por religiosos marianistas. En la actualidad opera en 9 países. El acrónimo SM significa «Santa María». Entre otros incluye colecciones omnipresentes en las aulas como “El Barco de vapor” y “Gran Angular”. El  Grupo Edebé, fundada por la Congregación Salesiana. Hace negocio en todo el mundo con editoriales propias en Argentina, Chile y México. En el País Vasco tiene el sello Giltza, en Galicia Rodeira, en la Comunidad Valencia Marjal y en Andalucía Guadiel. La Editorial Edelvives, el Grupo Editorial Luis Vives pertenece al Instituto de los Hermanos Maristas y mediante su editorial intentan fomentar lo que ellos denominan «humanismo cristiano»; es una de las decanas en el negocio del libro escolar. La Editorial Bruño, fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle. Como buenos empresarios, y para ampliar su patrimonio, en 2001 los Hermanos de La Salle llegaron a un acuerdo de venta con el grupo francés Hachette Livre, del que también forma parte el grupo editorial español Salvat. De hecho, existe una línea denominada «Publicaciones Generales Bruño-Salvat» que cuenta con un catálogo especializado en publicaciones infantiles y juveniles, con personajes como Kika Superbruja, Astérix, Titeuf… En 2004 se hizo con el importante Grupo Anaya donde se incluyen marcas como Algaida, Vox, Cátedra, Pirámide o Alianza.

Hay que resaltar que la Iglesia católica impone los libros de texto de sus editoriales en los más de 2.600 centros educativos que gestiona directamente, lo que redondea el negocio y el adoctrinamiento que practica, sin tener en cuenta la incidencia de estas editoriales en los centros de titularidad pública que en alguna medida optan por estos manuales.

Dicho esto cabría preguntarse hasta qué punto es necesario el uso del libro de texto en el aula y, en cualquier caso, qué alternativas se pueden plantear para que el alumnado disponga de un soporte sobre el que trabajar el desarrollo de los materiales curriculares impuestos por ley, que no tiene por qué ser necesariamente los más idóneos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

El catedrático Manuel de Puelles, en un magnífico artículo titulado “La política del libro escolar en la Historia Contemporánea de España”, afirma queLos manuales escolares son un producto complejo(…) ligado al mundo editorial y un medio de transmisión de valores, ya que los libros de texto no sólo transmiten conocimientos sino que, de una manera manifiesta u oculta, están impregnados de valores, aspecto éste al que la política nunca se ha mostrado ajena o indiferente. Los manuales escolares son (…)un producto ideológico que ha sido objeto preferente de la política educativa de todos los países”.

Queda por lo tanto patente el interés de las editoriales, y quienes están detrás, por hacerse con cuantas más partes del pastel mejor.

Ahora bien, desde hace ya un tiempo se vienen desarrollando experiencias alternativas, que sin cuestionar los principios establecidos en el curriculum oficial en cuanto al diseño de los objetivos  a cubrir, apuestan por una liberalización del “texto” tal y como hasta ahora se ha venido concibiendo. A esto ha contribuido en gran medida la eclosión de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el desarrollo de llamada Escuela 2.0, donde se impone un modelo radicalmente distinto en cuanto a la utilización de herramientas, estrategias y procedimientos educativos en el aula. Se libera así al proceso educativo del estrecho y asfixiante corsé que supone el “texto” como elemento referente y unidireccional. Desgraciadamente, nuestra Comunidad ha ido perdiendo trenes en este recorrido (En estas páginas he hecho referencia en alguna ocasión a esta cuestión).

En este sentido, en nuestro país empiezan a aparecer iniciativas, que ya existen en países de nuestro entorno, como Liberdocs, Digital-Text o Textos Marea Verde,  libros gratuitos, sujetos al curriculum, si se quiere; pero, con una capacidad de adaptación a las necesidades del alumnado y del profesorado que no tienen los libros de texto al uso, personalizables, abiertos a la comunidad, multiformato y compatibles con cualquier sistema operativo. Libros que parten del concepto de trabajo colaborativo y del intercambio de conocimiento y de experiencias.

Por el precio que se paga por un conjunto completo de libros de Primaria se puede comprar una Tablet con sistema operativo no propietario que puede durar toda la etapa de escolaridad obligatoria del alumno/a, desde Primaria a la ESO, y que permitiría liberar a nuestros escolares de dos pesos: el físico, de los kilos que deben soportar en sus mochilas y el del “conocimiento unidireccional y dirigido” de los manuales al uso.

¿Qué pasará?

 

Sotoca 0.0 18 diciembre 2012

Posted by Antonio Rubio Calín in Artículos.
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A principios de 2010, y siguiendo las consignas de Génova de que al “enemigo ni agua”, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, por medio de su fiel servidor el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, renunció a cuatro millones de euros en dotación para el programa Escuela 2.0. Esto supuso el que la totalidad del alumnado de 5º de Primaria y 1º de ESO no pudiese acceder al proceso de inmersión en nuevas tecnologías que pretendía acabar con la llamada brecha digital en nuestro sistema educativo; hoy, más sima que brecha.

Los argumentos esgrimidos en su momento por el sagaz consejero Sotoca, y los dirigentes popularespara negarse a acoger tal iniciativa del gobierno socialista de ZP bascularon entre la estupidez y la ignorancia, nihil novi sub sole. No pasa nada, otros se aprovecharon de lo que aquí tan alegremente se rechazó.

Poco después llegó el tsunami de la crisis en toda su virulencia; la tozuda realidad, esa que tanto condiciona a nuestros gobernantes, y los hachazos de los “populares” a todo lo que huela a inversión pública: Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia… No debería de olvidársenos que nuestra región fue avanzado laboratorio de las políticas de destrucción de lo público que el PP lleva a cabo desde hace un año (¡Como Dios manda!, ¡Yo no quería, oíga!).

Y es en este punto, el de los recortes y hachazos, donde quisiera detenerme y relacionarlo con el principio de este escrito. En estos momentos, más mal que bien y con desequilibrios notables, nuestros centros educativos cuentan con dotaciones de infraestructuras informáticas: equipos, redes Wi-Fi, PDI(Pizarras Digitales Interactivas) y software con las que intentar llevar a la Escuela las posibilidades que las ya no tan nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo del currículum escolar.

Desde el principio de la incorporación de nuestros centros a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), tanto la Consejería de Educación en particular, como el Gobierno regional en su conjunto tuvieron clara la apuesta. Comunidades como Extremadura, Andalucía, Madrid, Cataluña o Castilla–La mancha optaron hace tiempo de manera decidida, aunque con gradaciones, por la apuesta por el software libre y colaborativo, tipo LINUX, que les ha permitido no sólo el abaratamiento de costes e inversiones, sino desarrollar programas adecuados a la propia realidad educativa y necesidades de cada comunidad; además de significar un no despreciable yacimiento de empleo para tecnólogos, desarrolladores, etc. Por el contrario, nuestra Comunidad, mejor dicho, quienes la gobiernan, es un decir, optaron sin más por abrazar el software propietario. Esto significa el tener que pagar millones por algo, las licencias de uso de programas, que a otros les sale si no gratis sí a unos costes infinitamente más bajos. Esto sin tener en cuenta el apartado que se refiere a los equipos, factura no menor, que al tener que soportar versiones de sistemas operativos que cada vez requieren más recursos, o bien se les cambia cada cierto tiempo, o están condenados a la obsolescencia. Por poner un ejemplo, ningún equipo de los actualmente existentes en nuestros centros educativos soportan el novedoso Windows8 sin dar problemas, mientras que una distribución de un entorno LINUX de última generación puede funcionar perfectamente en un Pentium IV, un ordenador de hace ya diez años.

La Consejería de Educación del recortador Sotoca viene pagando licencias de software propietario, léase Windows y sus productos, desde hace años para ofertarlas a los casi 20.000 docentes murcianos, sin ofertar en cambio otras alternativas. Una de las últimas actuaciones ha sido el comprar las licencias de otro software propietario, en este caso para la elaboración de libros multimedia (MTO), de la empresa TecnoProducciones Multimedia. Algo inaudito si tenemos en cuenta que en el mercado existen equivalentes a coste cero que cumplen con el mismo objetivo (y que la propia Consejería publicita en su página web, como es el caso del editor EdiLim. Si existe algo gratuito, pagar por algo igual es de …¿tontos?).

Sin entrar en consideraciones sobre la calidad de los productos, del software tanto propietario como libre (Que podríamos hacerlo), cabría hacerse, empero, una serie de preguntas. La primera y principal sería si estas decisiones de optar por un determinado producto, que cuesta sus buenos euros, han sido sometidas a algún tipo de concurso de libre concurrencia; no olvidemos que se trata de utilización de fondos públicos que van a parar a manos privadas. También habría que preguntar quién ha decidido y de qué manera optar por tal o cual proveedor para el suministro de ordenadores, impresoras, routers, servidores, etc.

La segunda cuestión, ¿Dónde están reflejadas las partidas destinadas al pago de licencias de software y adquisición de equipos?¿En qué partida de los presupuestos del contable Bernal se reflejan?

Por último, y no menos importante: En un momento en el que la Consejería ha despedido a cerca de 2.500 interinos e interinas, ha rebajado el sueldo a sus funcionarios, ha eliminado de manera ilegal y torticera las pagas extras, ha disminuido las dotaciones presupuestarias a los centros, ha disminuido plantillas, ha eliminado el Bono-Libro, castiga a sus empleados cuando enferman quitándoles parte de su sueldo, elimina derechos laborales, sociales y sindicales… ¿Es de recibo el que se dediquen partidas presupuestarias a la compra de licencias de software sin posibilidad de libre concurrencia con otras opciones? ¿Han disminuido estas partidas?¿Por qué la Consejería de Educación y el Gobierno de Valcárcel se han negado siempre a optar por otros sistemas de coste infinitamente menor a los utilizados?

En cualquier caso, y siguiendo la evolución histórica de la Red desde la Web 1.0 de solo lectura a la Web 3.0 o web inteligente, podremos convenir que nuestra Administración regional y nuestro peculiar consejero se encuentra en el estadio 0.0.

Pues, eso.

(Artículo publicado en el diario La Opinión de Murcia en su edición del lunes 17 de diciembre de 2012)